Han necesitado casi diez años para sentar a este mago de la corrupción administrativa en el banquillo, tras un sumario plagado de contratiempos y el paso de nueve jueces y cuatro fiscales por el caso.

Siempre oculto tras sus lentes de sol, Carlos Fabra, dirigente del PP, Presidente de la Diputación de Castellón de 1995 a 2011 y Presidente de la Sociedad Pública que gestiona el aeropuerto de Castellón,  ha hecho y deshecho en su provincia comprando voluntades, dando prebendas, agenciándose lucrativos negocios y siempre tras el escudo político de su cargo y del Partido que representaba. Por ello, ahora se enfrenta a la acusación de un delito de tráfico de influencias, otro de cohecho y cuatro de fraude fiscal, por lo que la Fiscalía pide 13 años de prisión, 1,9 millones de euros de multa y 700.000 de indemnización.

Además, se agenciaba billetes de Lotería premiados a fin de lavar su dinero oscuro, mandó crear una inmensa escultura por un valor de 300.000€ e inspirada en su persona y que adorna el abandonado aeropuerto de Castellón promovido por él, instaló a su deslenguada hija Andrea Fabra como diputada del PP de Castellón, etc. etc. etc.

Pero agárrense cuando sepan que jueces lo juzgan: los mismos tres magistrados de la Audiencia Provincial de Castellón que hace un año intentaron anular la acusación de cohecho del caso Fabra, y ni la Fiscalía Anticorrupción, ni la Abogacía del Estado ni la acusación popular los han recusado. Es de risa.

Y para rematar la jugada, el abogado del señor en cuestión carga con similares argumentos que utilizan los abogados defensores de los imputados políticos y de las personalidades sociales: atacando primero y, en este caso, contra los inspectores de la Agencia Tributaria que han inspeccionado las cuentas, alegando que no pueden ser “denunciantes y peritos” porque tienen la “imparcialidad objetiva contaminada”.

Pero quién esta contaminado, ¿el acusado o la acusación? ¿Qué clase política y judicial tenemos en este país? ¿No queda algo… sano?