En menos de una semana hemos recibido tres misiles mediáticos que han impactado por debajo de la línea de flotación de la mayoría de los ciudadanos.
El lunes nos comunican la condena a dos años al exjuez Francisco J. de Urquía, por los cargos de prevaricación y cohecho, por lo que evita su entrada en prisión.
El martes en la mañana nos levantamos con la agradable noticia que, el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial CGPJ, Carlos Divar, queda libre de los cargos por malversación de fondos públicos.
Y el mismo martes, ya de tarde, y durante la merienda, nos cae el bombazo final, que no es otro, que el archivo de la causa contra Emilio Botín y varios miembros de su familia por presuntos delitos contra la Hacienda Pública y falsedad documental en el caso de las cuentas suizas del HSBC.
Aún no podemos digerir tal cúmulo de gratas noticias en el espacio de dos días, dado que nos S-A-T-I-S-F-A-C-E que estos tres ciudadanos ilustres no tengan que pisar la cárcel, aunque marcando importantes diferencias con el resto de los casi 80.000 presos que actualmente poblan las prisiones españolas.
Es que el dinero, el poder y la política doblan cualquier cerviz, en este caso, la de la Judicatura.
