Submitted by jorge on Mon, 11/11/2019 - 10:52
Parece ser que lo que no soluciona la J-U-S-T-I-C-I-A con mayúsculas, lo soluciona la Justicia Popular.
Hace unas semanas, una anciana de 94 años fue a visitar durante unos días a unos familiares en Barakaldo y cuando regresó a su casa en Portugalete, no pudo entrar debido a que una grupo Ocupa había cambiado la cerradura. Con ayuda de sus familiares trató de recuperar algo de ropa y, en su lugar, uno de los ocupas les hizo frente cúter en mano.
La Justicia no actuó asegurando que no podía resolver el problema hasta el 20 de noviembre, fecha que dieron para llevar a cabo una Vista Oral, pero la anciana no tenía donde ir, por lo que los vecinos y otros ciudadanos de Portugalete, se manifestaron frente a la casa hasta que lograron, después de organizar una revuelta popular a la que acudió la Ertzaintza para evitar que los ocupas fueran linchados, expulsar a los ocupantes ilegales y devolverle la vivienda a la anciana.
Ahora, en Sevilla, ha ocurrido algo similar. Una pareja con un bebé, dio una señal de 3.000 euros a un banco para adquirir una vivienda y, el día en que se iba a concretar la compra firmando el contrato de compra-venta, supo que no podía ocuparla porque lo había hecho con anterioridad una pareja de ocupas.
Por tanto, por no haber firmado el contrato no eran aún los propietarios reales, aunque sí civilmente, motivo por el cual les aconsejaron no denunciar el caso.
Cuando esta situación tuvo eco entre la vecindad, se organizó una manifestación con una gran cacerolada frente a la vivienda, lo que provocó que los ocupas denunciaran dicha molestia a la Policía. Un par de agentes se acercaron a la vivienda y trataron de convencer a los ocupantes ilegales que dejaran libre la casa, lo que estos finamente hicieron tras muchas reticencias.
Todo esto demuestra el libertinaje existente en España con relación a la usurpación de viviendas llevada a cabo por personas que, aprovechándose de unas Leyes laxas y condescendiente, se instalan en viviendas ajenas por no poder o no querer pagar un alquiler.
Esto se debe acabar legislando nuevas Leyes y, si se desea ayudar a personas sin Hogar, que la Administración haga uso de viviendas sociales o proporcione ayudas económicas a la gente que así lo requiera, no a profesionales de la ocupación porque sí.
