En el argot inmobiliario, vender un inmueble con bicho significa venderlo a un precio muy inferior al precio medio de mercado por encontrarse ocupado por uno o más inquilinos alquilados con renta antigua.
Entonces el comprador, dependiendo del tipo de inversión que estime hacer y de los escrúpulos que tenga, espera a que el bicho, dada su elevada edad, muera y no cuente con ningún otro familiar que pueda subrogarse (eso lo estudia antes de cerrar la compra) o por el contrario, utiliza subterfugios más bien deleznables, y hace la vida imposible a los bichos hasta que se agotan y, por una modesta suma que este benefactor les ofrece, abandonan la vivienda.
Tales medidas de presión van desde la amenaza verbal a través de terceras personas -habitualmente con pinta de matones de discoteca-, hasta comenzar a realizar obras en el edifico –lo más estruendosas y polvorientas posibles-, cortar la luz, el agua y el gas de manera fortuita o en caso de ser general, por las mismas obras que se llevan a cabo.
Por fin condenan a uno de estos tiburones de profundidad y que a veces no llegan ni al apelativo de marrajos -aunque después de 30 años de amedrentar a la inquilina no nos parece de recibo la condena- a 2 años de prisión y 18.000 euros de indemnización.
Pues algo es algo, aunque no entrará en la cárcel por carecer de antecedentes penales, y si se declara insolvente por tener todas sus propiedades a nombre de sus empresas, tampoco pagará.
