Submitted by jorge on Fri, 01/09/2017 - 06:05
La Justicia es tan subjetiva que en ocasiones no entendemos las decisiones judiciales.
En abril de 2010 se detiene al neonazi Antonio Reguero, alias el Rambo del Bierzo, por tenencia de armas y explosivos y aparecer en varios vídeos utilizando dichas armas y haciendo apología neonazi.
Después del registro de su casa y que la Guardia Civil requisara todo el armamento y vídeos, quedó en Libertad sin ninguna medida cautelar hasta abril de 2015, momento en que la Fiscalía pide para él 11 años de prisión “por los delitos de depósito de munición de guerra, otro de tenencia ilícita de armas y un tercero de tenencia de sustancias y aparatos explosivos”.
A pesar de ello, el juicio no se celebró hasta noviembre de 2015, casi 6 años después, tras lo cual fue condenado a 4 años de prisión.
No entró en la cárcel a cumplir, ya que la misma Audiencia Provincial de León dictó una ejecutoria en marzo de 2016 donde suspendían la condena en base a “que los hechos enjuiciados datan de hace más de seis años, al punto de haberse estimado en la sentencia la concurrencia de la circunstancia atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas, que el penado merece la consideración de delincuente primario, que la sentencia dictada no impone obligación de reparar daños o perjuicios, que no se conoce que el penado tenga otros procedimientos abiertos y que colaboró eficazmente al esclarecimiento de los hechos”.
Por lo que la condena de prisión se suspendió sustituyéndose por 10 meses de Trabajos en Beneficio de la Comunidad que ni siquiera cumplió en el Ayuntamiento de Cacabelos, como le hubiera correspondido por ser su lugar de residencia, sino en la parroquia del cura Jesús Álvarez, “el mismo sacerdote ultraconservador que movilizó a sus parroquianos y dedicó dos misas para impedir que el vecino neonazi no entrara en prisión”.
Por favor, que alguien nos diga si entiende este razonamiento y esta sentencia, cuando personas con delitos menores y condiciones de vida mucho más adversas, cumplen condenas en nuestras prisiones sin derecho a pataleo.
