Nos parece lícito que juzguen a todos los sospechosos de haber estado implicados en el atentado terrorista del 11-S, para eso ha sido el más devastador atentado terrorista de la historia de la humanidad. Y que sean juzgados por un tribunal civil legalmente constituido, con luces y taquígrafos. Pero para ello dicha sala ha de contar con testimonios, pruebas y una documentación legalmente aportada, además de mantener a los implicados recluidos en prisiones con todas las garantías legales y humanitarias.
Y esto, en los que a los detenidos de Guantánamo se refiere, no se cumple ni de lejos. Parte de los prisioneros que pasaron o permanecen en está prisión han sido comprados por lotes a los jefes tribales afganos y a otros gobiernos. Otros han sido detenidos en razzias realizadas por el ejército de Estados Unidos en dichos países. Miles han pasado por Guantánamo sin causas justificadas, y desviados a terceros países para ser interrogados y/o juzgados. Los que permanecieron en Guantánmo, han sido torturados física y psicológicamente a fin de sonsacarles información o confesiones forzadas.
Y todo ello en un limbo legal del que nadie habla y del que ningún gobierno pide explicaciones; solo rumores realizados con la boca pequeña.
Y de los miles de detenidos, ahora comienza el juicio a cinco de ellos, sí, cinco de los que tienen sospechas pero escasas pruebas contundentes.
Alguién ha de pagar por la memoria de las casi 3.000 víctimas de dichos atentandos, pero ya que hablamos de primer y tercer mundo, demos ejemplo y juzguemos con la legalidad en la mano, no con la chistera y un conejo que aún no sabemos si asomará de ella.
