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LA PRESIÓN SOCIAL AMEDRENTA A UN JUEZ

 
Este caso es un sinsentido desde el mismo momento en que saltó a la luz pública.
 
Hace aproximadamente un mes nos venimos a enterar que una mujer española que estuvo casada con un italiano y de cuya unión tuvieron dos hijos menores, habría de entregar sus hijos de 3 y 11 años al padre, de acuerdo al Convenio de la Haya de 1980.
 
El padre fue condenado en 2009 por maltrato, pero la relación se reanudó posteriormente.
 
Cuando el Juzgado de Granada solicita a Juana Rivas la entrega de los niños, esta se opone a ello y, en ese momento, comienza el espectáculo mediático, con grupos de mujeres apoyando a una Juana Rivas sollozante en todas sus apariciones mediáticas y todo ello abanderado por una “asesora legal” de la mujer, una tal María Francisca Granados, que no está inscrita en España como abogada pero que argumenta ante los medios como si del oráculo de la Abogacía Española se tratara.
 
El 26 de julio la madre se fuga con los niños mientras los grupos de mujeres siguen apareciendo con sus pancartas en apoyo a Juana –“Juana está en mi casa”-, la asesora legal se mantiene despotricando ante los medios y el Tribunal Constitucional rechaza el recurso de la madre, dando ésta el segundo paso de rebeldía ante la Justicia.
 
Después se abre otra vía en la que otro Juzgado de Granada la cita por la desobediencia en la entrega de los niños y, al no presentarse, la Jueza decreta su detención inmediata y la obligación de entregar sus hijos al padre de los mismos.
 
A pesar de llevar en búsqueda y captura desde el pasado 26 de julio, ayer la mujer se presentó tan campante ante el Juzgado de Guardia de Granada y en contra del criterio de la Fiscalía que pedía para ella Prisión Preventiva sin Fianza, el Juez le concede la Libertad Provisional y asegura “que entregar los menores al padre es la principal medida de protección ya adoptada y que sobre la patria potestad de los progenitores deben resolver los Tribunales Italianos”.
 
Parecemos una República Bananera, donde una mujer en búsqueda y captura desaparece y vuelve a aparecer casi 1 mes después como si nada, donde una “asesora” se erige en abogada y experta y donde un Juez amedrentado y acobardado por la alarma social suscitada y por la presión de colectivos feministas, da la Libertad a una prófuga sin mayores medidas cautelares que retirar los pasaportes a los menores.
 
A ver si de una vez por todas seguimos criterios legales y no nos andamos con dimes y diretes y autos judiciales complacientes: si la mujer tiene la razón y el padre de los niños es aún un maltratador, que se pongan de acuerdo ambos países en materia legal y le retiren la custodia de los niños al progenitor; en caso contrario, que se sigan las ordenes judiciales existentes y ambos puedan compartir los hijos.
 

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