Si en el País Vasco se retiraron las escoltas a los políticos, jueces y otros altos cargos debido a la desaparición de la violencia terrorista, qué razón tiene mantener escoltas y coches oficiales de los jueces y fiscales de la Audiencia Nacional, CGPJ, Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional.
Pero no todas sus Señorías se han quedado sin su golosina; tan solo algunos. Y en un gesto de corporativismo o solidaridad -que cada cual juzgue por sí mismo-, el juez Grande-Marlaska renuncia, con muy buen criterio, a la suya.
¿Y qué ocurre con el resto, con esos magistrados y fiscales a los que les han birlado el juguete? Pues que protestan arguyendo que trabajan en un órgano dedicado a la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado, por lo que su vida puede estar expuesta a cualquier tipo de agresión o atentado.
¡Cuentos chinos! Lo que en realidad les puede, les joroba, les degrada –de acuerdo a su visión e ínfulas- es quedarse sin el buga oficial y sin los guachimanes que les custodian, esa estampa que los eleva al estrellato en cada ocasión en que arriban o se retiran de los lugares públicos.
Ahora tendrán que hacerlo en su coche particular, autobús o en Metro, aunque también les queda el recurso de la bicicleta, como a los altos cargos de los países del norte de Europa, que no por ello pierden los anillos.
