Submitted by jorge on Wed, 22/11/2017 - 06:43
Entendemos la reacción improvisada del Gobierno, aunque no compartamos la manera de solucionarlo.
Situación existente:
• Llegada masiva de inmigrantes en la última semana a las costas de Murcia, 519 en 49 pateras.
• Los CIES de la región se encuentran sobresaturados.
• Los Juzgados colapsados sin Jueces suficientes para orquestar los procedimientos derivados de estos casos.
• Improvisación, sobre la marcha, a la llegada de cada patera, derivada de una falta de previsión por parte de la Administración.
Solución dada por el Gobierno:
• Los menores se derivan a un centro de menores en Mazarrón y las mujeres se hospitalizan.
• Se habilitan 7 Juzgados de emergencia para comenzar a incoar los expedientes de expulsión de los recién llegados.
• Se “manipula” a los Jueces a fin de que den su aprobación al internamiento de los restantes 460 inmigrantes en el aún no inaugurado Centro Penitenciario de Archidona, proponiéndolo como Centro para Extranjeros en lugar de Centro Penitenciario.
• Por dicho motivo, los Jueces aceptan el traslado de los inmigrantes a dicho centro a pesar de que según “las Leyes de Extranjería los migrantes indocumentados no son presos, y los centros donde deben estar no pueden tener carácter penitenciario, ya que su único objetivo es “custodiar a los inmigrantes para garantizar el proceso de expulsión” y durante un máximo de 60 días”.
• La Administración, a través de su Ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, responde que, “el sistema ha colapsado, y en lugar de campamentos que pudiéramos montar hemos optado porque esas personas estén en un sitio con calefacción o duchas”.
• Como supuestamente no se trata de una prisión a pesar de serlo, no son los funcionarios de prisiones ya contratados para dicho centro los que puedan controlar y vigilar a estos inmigrantes, sino, tal y como apunta dicho ministerio, serán voluntarios de ONG los que se ocupen de esta labor.
Todo esto nos parece un despropósito, dado que de Centro Penitenciario se trata, que cuenta con funcionarios de prisiones ya contratados y que, por sus instalaciones y estructura, solo puede funcionar como tal y dirigido por profesionales del sector, y no por un grupo de voluntarios, por muy buena “voluntad” que tengan.
ONG, sindicatos y la Junta de Andalucía ya han comenzado a denunciar el caso ante la Oficina del Defensor del Pueblo, que asegura que se mostrará vigilante.
En lugar de llegar a acuerdos con los países de origen de los inmigrantes para contener estas hordas humanas o tomar otro tipo de prevención, la Administración reacciona tarde e improvisando fuera de la Ley una solución, supuestamente, legal.
