Advirtieron a unos padres gambianos, aunque residentes en nuestro país, y antes de viajar de vacaciones a su país de origen, que la ablación en España es un delito.

Ellos partieron conociendo las Leyes Españolas.

Cuatro años después se descubre que las menores habían sido mutiladas, supuestamente, en uno de los viajes a Gambia, aduciendo los padres que la abuela realizó dicho acto sin su consentimiento y mientras ellos no se encontraban en el hogar.

Y la Audiencia Nacional los absuelve, no se sabe si por quitarse el marrón de encima o porque realmente así lo suponen.

¿Pero quién se puede creer, que unos padres de vacaciones con sus hijas menores no se percatarán de dicha acción? ¿Por qué no informaron a las autoridades españolas a su regreso a España de lo ocurrido, supuestamente, a manos de la abuela de las niñas?

Y aquí nadie dice nada, y encima los absuelven después de residir cuatro años en España con las niñas ya mutiladas.

Si estamos en total desacuerdo con que se practique dicha tortura en cualquier nación del mundo por muy arraigadas que estén las costumbres en dichas regiones, qué decir del hecho que los padres, aunque no fueran los ejecutores, supieran o por lo menos sospecharan que la ablación se llevó a cabo y sigan viviendo aquí como si no pasara nada.

No entendemos esta resolución judicial.

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/02/25/actualidad/1393341989_288576.html