Se reformará la Ley Hipotecaria, equilibrando “algo” la balanza entre el gran Prestamista, la Banca, y el diminuto prestatario, el ciudadano de a pie.

Además, los jueces tendrán la capacidad legal de restringir los intereses de demora, fijar un máximo de tiempo en la concesión de hipotecas, y lo más importante, disminuir la deuda pendiente de los desahuciados si el banco obtiene plusvalías en caso de venta o subasta de dichos inmuebles.

Otro gran paso a dar será el control de las subastas, donde una mafia compuesta por los oficiales de juzgado y los subasteros se adjudican por debajo de cuerda, mediante triquiñuelas legales o de coacción, los pisos y se reparten los inmensos beneficios producto de este botín obtenido con patente de corso.

Parece que el Gobierno mueve ficha, aunque leve, en comparación a la exigida dación en pago.

Pero algo es algo.

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