A día de hoy encontramos casi 2.500 pres@s español@s hacinados en las cárceles de otros países, en situación preventiva o cumpliendo su condena. ¿Y quién mueve un dedo por ellos? ¿El Gobierno Español?

¡NO!

El tiempo medio para que el trámite administrativo de expulsión de dichos presos españoles se lleve a cabo, se estima entre el año y medio y los dos años y medio, y no las pocas semanas que demoró el de Ángel Carromero.

Las familias no piden su libertad, tan solo que cumplan su pena en una cárcel española en condiciones aceptables y con la posibilidad de la cercanía y la vinculación familiar.

A pesar de que los consulados españoles se ocupan de cuando en cuando de dichos casos (aunque algunos afirmen que funcionan de manera impecable conocemos de fuentes fiables que en la mayoría de las situaciones apenas visitan y cuidan a su coterráneos), y no lo que debieran, el abandono de estos españoles es manifiesto.

Sería de ley, que el Gobierno agilizara los trámites de expulsión de estos presos a nuestro país a fin de que puedan cumplir sus condenas en suelo español, aunque sea en segundo grado, no como otros, dado que no están tocados por la varita mágica de las relaciones de alto nivel político.

http://politica.elpais.com/politica/2013/01/20/actualidad/1358714432_543106.html