Según el señor Gallardón, nuestra Justicia es garante de los derechos de las personas detenidas: “España se opone en la UE a que la Policía pueda realizar escuchas sin autorización judicial”.
Sí, pero no. Esta no es la cruda realidad, ya que en nuestro país se vulneran los derechos fundamentales en las comunicaciones de los presos con sus familias y abogados, con o sin orden judicial.
Y ya no nos referimos al caso Garzón y sus famosas escuchas entre los detenidos y sus abogados relacionadas con el sumario Gürtel, sino de la situación de los internos pertenecientes a la catalogación F.I.E.S., que por ley -según algunas sentencias, ley inconstitucional-, graban las comunicaciones por cristales, telefónicas y escritas, dejando al interno en una situación de indefensión completa.
Si a lo ya dicho, en algunas prisiones los presos F.I.E.S. han de solicitar por escrito una autorización para llamar a su abogado, instancia que en ocasiones llega autorizada fuera de plazo para recurrir en tiempo, el coctel está servido.
¿Y esto es a lo que se refiere nuestro ministro de Justicia cuando dice que, "distingue a Europa como un espacio de libertad, de seguridad y justicia, en donde la investigación del delito se acompaña de un repertorio de garantías suficientes para el individuo, las cuales quedan protegidas, en última instancia, por la tutela judicial"?
