No seremos nosotros los que juzguemos si las solicitudes de legalización de los inmigrantes que se encuentran a la espera de su aprobación sean ratificadas o no, pero lo que no es de recibo, que casi medio millón de personas aparcadas en nuestro país no puedan trabajar, ni contar con la sanidad pública oportuna, y por último, no consigan realizar planes a futuro mientras su situación legal no se estudie y apruebe, o en su defecto, deniegue.

Después no nos extrañemos que casi el 40% de los 70.000 presos residentes en nuestras prisiones sean extranjeros: muchos llegan de allende los mares con el ánimo de delinquir, pero otros tantos se ven abocados a hacerlo por necesidad vital, siendo en el fondo ciudadanos de bien y sin antecedentes penales.

O regularizamos la situación de los 420.000 extranjeros que esperan desde hace años una solución a su problema, o nos veremos empujados a una situación irreversible.

http://politica.elpais.com/politica/2012/10/27/actualidad/1351369243_034379.html