Submitted by jorge on Mon, 10/02/2020 - 06:45
No es la primera vez que hablamos del problema de los teléfonos móviles en prisión, pero a medida que pasa el tiempo y la sofisticación de estos dispositivos técnicos se incrementa, su localización y decomiso se torna tarea cada vez más complicada.
El último informe de Instituciones Penitenciarias relativo al año 2019 señala que en las prisiones españolas se decomisaron 7 móviles diariamente, es decir, 2.672 terminales durante todo el año tanto en los cacheos de internos y celdas en el interior de la prisión como en los controles de acceso a los vis a vis de los familiares, mientras en el 2017 tan solo fueron 1.383.
Esto se debe, principalmente, a que los dispositivos son de menor tamaño por lo que se pueden ocultar con mayor facilidad, y a que los precios de dichos aparatos han disminuido con el correr de los años.
Mientras a finales de los años 90 y comienzos del 2.000 conseguir un móvil en prisión era tarea harto difícil y costosa –un teléfono comprado a algún funcionario listillo podía costar entre 500 y 1.000€ ya que por el tamaño de los de esa época solo los podían entrar ellos-, en la actualidad los pueden introducir cualquiera y el costo de los mismo ha bajado hasta casi los 20€, por lo que su movimiento dentro de prisión se ha convertido tan usual como la misma Droga.
Lo único que puede evitar esta situación es la instalación de inhibidores de frecuencia que ya están instalados en unas 40 de las 83 prisiones españolas (aunque no se conoce el dato exacto de estos inhibidores que el Gobierno se niega a facilitar al Parlamento por motivos de seguridad) y que bloquean las llamadas aunque solo en la mayoría de terminales, menos en los de última generación, ya que los castigos y partes puestos a los presos por traficar con estos dispositivos no impiden que este mercado negro siga aumentado en los patios.
