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ENFERMO, DELINCUENTE, PERO A FINAL DE CUENTAS, ENFERMO

 
Y de los que no cuentan con la más mínima posibilidad de recuperación, ni social, ni personal.
 
Se trata nada más y nada menos que de Pedro Luis Gallego, el VIOLADOR DEL ASCENSOR, que en su etapa anterior en prisión antes de salir en Libertad en 2013 por la derogación de la Doctrina Parot, había sido condenado a 273 años por el asesinato de Leticia Lebrato, de 17 años en Valladolid y de Marta Obregón, de 19 en Burgos, y por otras 18 agresiones sexuales. 
 
En 2017, 4 años después de ser puesto en Libertad, volvió a ser detenido por haber violado a 2 mujeres que raptó -en días diferentes pero situaciones similares-, llevó a su casa bajo amenazas, drogó y violó reiteradamente (con la cabeza encapuchada) para después abandonarlas en la calle. 
 
Lo intentó con otras 2, pero estas fueron tan aguerridas que lograron zafarse y escapar.
 
Fue reconocido por 2 de las mujeres, además de cotejarse su ADN con las muestras extraídas de las vaginas de ellas y de ubicarse su coche en las inmediaciones de los lugares donde se cometieron los hechos.
 
Por ello, el Juez de Instrucción nº 33 de Madrid, Tomás Martín Gil, lo procesa por estos 4 casos, ya que entiende que “existen indicios racionales de criminalidad para imputarle los delitos de detención ilegal, agresión sexual, lesiones, robo con violencia y contra la salud pública”.
 
Ahora, a meses vista del juicio, le imponen 300.000€ de Responsabilidad Civil, que en caso de no depositarlos, le embargarán los bienes.
 
Un detalle destacable de este individuo tan valiente y agresivo con sus víctimas más débiles y que se encuentra detenido en la prisión de Navalcarnero desde 2017, año en que fue detenido, es que posteriormente y ya en prisión, trato de suicidarse, tan valiente él.
 
Ahora viene el quid de la cuestión: 
 
¿Qué condena le impone el Juez?
Dado que es un enfermo irrecuperable, ¿a cuántos años de prisión habría que sentenciarle para que salga ya anciano y no pueda volver a violar?
¿No sería mejor recluirle en un Centro Psiquiátrico Penitenciario con tratamientos específicos para reducirle su afección, que no eliminarla por imposible?
Dado que socialmente es irrecuperable, ¿qué otra opción le queda a la Justicia para evitar males mayores?
 
Nosotros carecemos de las respuestas.
 

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