No solo no damos respuesta de los resultados de nuestra lucha contra la corrupción, sino que encima vamos y, después del consabido recurso interpuesto por una Ong ante el Tribunal Supremo, éste casca a dicha Ong, Access Info Europe, 3.000 euros de costas por pedir explicaciones a nuestro país y no una simple información, como sería preceptivo, según este altísimo Tribunal.

Pero más llamativo aún es el hecho de encontrarnos inmersos en la tramitación de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno, además de ser el único país europeo con más de un millón de habitantes que mantiene el secretismo de la Administración y sus Archivos.

Lo que en un principio fue una cuestión formulada por la Ong a la Presidencia del Gobierno en 2007, pasó al Ministerio de Justicia que, transcurrido un tiempo, no dio respuesta alguna, por lo que Access, ante dicho silencio administrativo, recurrió. Por fin, la Audiencia Nacional resolvió arguyendo que “la Constitución no garantiza el derecho del ciudadano a solicitar según qué datos”.

Ya, en última instancia, Access recurrió ante el Tribunal Supremo fundamentando su apelación en las resoluciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que da por valido el derecho de acceso a los datos públicos, así como los artículos 20 y 23 de nuestra Constitución.

Ni con esas, y encima, les obligan a desembolsar los 3.000 euracos de costas, después de pasar por este rosario de burocracia incongruente: de Oca en Oca y tiro porque me toca. Así va nuestro país… y nuestra Justicia.

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