Submitted by jorge on Tue, 26/06/2018 - 06:43
Total, qué más da que los jamones serranos y embutidos estén caducados o a punto de estarlo, si van a ir a parar a los platos de los p… presos y algunos de estos ya la van a diñar por el VIH, la Hepatitis C, la Tuberculosis o el pinchazo de un compi, pensaría el propietario de la empresa de distribución de los alimentos caducados Porkytrans, Andrés Narváez, mientras enviaba las paletas caducadas a prisión.
Este es uno de los nombres de la trama, pero hay más, hasta 30 son las empresas involucradas en este fraude alimentario y cuyos productos terminaron en las prisiones de toda España hasta finales del 2017, exceptuando las de Cataluña y Baleares .
La instrucción del caso la lleva un juzgado de Fregenal de la Sierra, Badajoz, que aún no tiene claro el alcance de la trama y las toneladas vendidas, ya que estas empresas localizaban partidas caducadas o a punto de caducar, realizaban la gestión para su destrucción, reetiquetaban la mercancía con nuevas fechas de caducidad y las ponían en el mercado en plataformas que no tuvieran un control muy exhaustivo o donde los jefes de compra hicieran la vista gorda a cambio de una sustanciosa comisión y, así, entre otros, terminaron en los almacenes de las prisiones regulados por Instituciones Penitenciarias.
Y ahora, que salta toda esta porquería por los aires, I.I.P.P. rescinde el contrato a estas empresas imputadas y se lava las manos.
A ver qué le ocurre al tal señor Narvaez y a sus compinches, que además de sinvergüenza es un chulo que desafía a la Justicia arremetiendo con un “yo no vendía productos ni caducados ni podridos, ya que esa fue una acusación que me hicieron pero no es cierta y me obligaron a destruir toneladas de mercancía, pero voy a demandar a los veterinarios de la Junta de Extremadura", cuando entre a cumplir por esta trama y sus compis de módulo le hagan tragar la pata de jamón entera.
