Submitted by jorge on Mon, 13/07/2015 - 18:08
Es indiferente que la prisión se ubique en México, Colombia o España, que sea de alta seguridad o de seguridad medio o baja, que sus moradores sean hombres o mujeres, todas son vulnerables al dinero del unte, al dinero podrido.
En esta ocasión ha sido la cárcel de alta seguridad del Altiplano, en México, la que sufrió la fuga de uno de los narcotraficantes más buscados del planeta, el Chapo, amparada, con toda seguridad, por personal de dicho centro.
En 1992 fue Pablo Escobar el que se fugó de la prisión de la Catedral, adaptada al cumplimiento de su condena y la de sus compinches en el poblado de Envigado, Medellín, y favorecido por la dirección del penal.
En el año 1998, un grupo de narcotraficantes colombianos condenados a entre 10 y 15 años de prisión y encabezados por S.R., habilitaron una área del penal de la Picota, en Bogotá, Colombia, a fin de cumplir la condena en unas condiciones “dignas”, entre las que se adaptaron ciertas comodidades como la transformación de varias celdas en lujosos apartamentos con televisiones de última generación, neveras, equipos musicales, mobiliario de lujo, además de recibir la comida de los mejores restaurantes de Bogotá servida por camareros de guante blanco, sin olvidar, las prostitutas que accedían a sus aposentos a altas horas de la noche.
Pero no hay que llegar a Latinoamérica para encontrar casos de corrupción penitenciaria.
Aquí, en las prisiones de España, es habitual que en épocas navideñas entren whisky y otros licores, además de marisco y delicatessen culinarias, encargado todo ello por algunos internos con recursos económicos suficientes.
También encontramos casos como el del Negro Santamaría, al que en 2001, una Sala de la Audiencia Nacional dio la libertad bajo fianza a un mes del juicio y con una petición fiscal de 60 años: los tres jueces fueron suspendidos de sus funciones, o la extraña y más que sospechosa extradición de los grandes capos de la droga colombiana, Jorge Luis Ochoa y Gilberto Rodriguez Orejuela, detenidos y encarcelados en España, para después ser extraditados a Colombia por tráfico de reses bravas en lugar de ser enviados a los Estados Unidos, solicitados por ser “la cabeza de la mayor organización para el tráfico de drogas en el mundo”.
Es Caballero don Dinero quién manda y ordena, y son algunos jueces, fiscales, funcionarios de prisiones, abogados y políticos de cualquier punto de la geografía mundial los que claudican ante esa provocación económica.
