Submitted by jorge on Mon, 18/12/2017 - 06:45
Resulta que, desde 2012 y después de un informe elaborado por la Abogacía del Estado donde se sostenía que “la condición de asegurado del ciudadano no se altera por el hecho de que ingrese en prisión y, por tanto, el interno tiene derecho a la asistencia sanitaria como derecho propio y no en calidad de recluso, aunque la financiación de dicha asistencia debe ser asumida por el Servicio de Salud donde se ubique el centro penitenciario”, las cárceles, por orden de la Administración Penitenciaria dependiente del Ministerio del Interior, han dejado de pagar las facturas sanitarias –el grueso de la Sanidad Penitenciaria-, a las Comunidades Autónomas, que ahora llevan sosteniendo dicho gasto y reclamándoselo al Estado.
Porque la Administración Penitenciaria SÍ se hace cargo de la atención sanitaria primaria de los reclusos, esa que se realiza en las prisiones a través de sus 326 médicos y 485 enfermeros, pero desde 2012 no asumen las urgencias, las hospitalizaciones, los especialistas (ginecología, cardiología, traumatología, etc.), las patologías como la Hepatitis C y el SIDA y una serie de enfermedades mentales muy arraigadas en prisión, es decir, lo más costoso de la Sanidad Penitenciaria, que asciende a unos 110 millones de euros y que ahora están asumiendo las CCAA, salvo Cataluña por tener transferidas las competencias penitenciarias y el país Vasco, por tener asumida la Sanidad Penitenciaria.
Por ello, la mayoría de las Comunidades Autónomas mantienen litigios con la Administración Central a fin de que les devuelvan el dinero adelantado por dichos tratamientos, mientras el Estado argumenta que se encuentra en negociaciones con dichas Autonomías, pero reconociendo que desde los recortes anunciados en materia sanitaria en 2012, no puede hacerse cargo de toda la factura, por lo que propone un pago “por interno que no tenga derecho a asistencia sanitaria a cargo de la Seguridad Social, en un importe que no se concreta”.
Por lo tanto, entre unos y otros no aclaran el panorama, mientras peligra el Sistema Sanitario Penitenciario sin que la Seguridad Social asuma ese rol.
Menudo panorama para los que enfermen en una prisión española en un futuro cercano, máxime, cuando casi la mitad de los internos de las prisiones cuentan con padecimientos físicos y psíquicos.
http://www.publico.es/politica/interior-lleva-cinco-anos-pagar-atencion-medica-presos.html
