Sí, no es de recibo que la Audiencia Provincial de Guadalajara ratifique una condena impuesta en su día por el Juzgado de lo Penal 1 de Guadalajara y recurrida en Apelación, a 6 jóvenes por reconstruir la aldea abandonada de Fraguas, en la Sierra Norte y por lo que fueron condenados en base a la denuncia interpuesta por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Y la Audiencia ha dado la razón al Juzgado alegando "la total desestimación de los recursos interpuestos por los procesados, y confirmando íntegramente la condena por ocupar, rehabilitar y repoblar sin autorización la aldea abandonada de Fraguas".
Por lo tanto, se condena a 6 jóvenes que lo único que hicieron en los últimos años fue reconstruir una aldea abandonada, poner en pie los edificios caídos y dar vida a una zona deshabitada -eso sí, sin la correspondiente autorización administrativa-, a las siguientes penas, agárrense:
• 1½ años de prisión a cada uno de los 6 por un delito contra la Ordenación Urbana.
• Multa de 12 meses a 6€ día, 2.160€ a cada uno.
• Como Responsabilidad Civil han de abonar a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha el coste de la demolición de todo lo construido y la retirada de residuos.
• Por un delito de Usurpación, una sanción de 3 meses a 6€ diarios, 540€ cada uno.
• Y para terminar, han de pagar las costas judiciales de sus recursos judiciales.
Los condenados llevan trabajando, rehabilitando y viviendo en dicha aldea desde 2013, alegando ante el Juez que “en ningún caso su proyecto pretendía destruir la naturaleza sino, por el contrario, cuidarla, reconstruir la zona y permitir que fuera nuevamente repoblada”.
Ahora se están planteando recurrir en Amparo ante el Tribunal Constitucional, además de organizar una manifestación el próximo 23 de febrero en Madrid y en contra de la actual gestión política del medio rural.
Nos parece demencial que se condene a un grupo de personas que tratan de reconstruir lo destruido en el mundo rural, que pongan en valor un espacio desvalorizado y que, por ello, se les aplique cárcel -a la que no entrarán en caso de no contar con antecedentes penales- y multas económicas a las que no pueden hacer frente, ya que vivían realizando medios productivos sin un retorno económico, solo social y habitacional.