Submitted by jorge on Wed, 10/02/2016 - 06:48
Hace décadas, desenterrar, expoliar o vender objetos antiguos era una práctica habitual y nadie decía nada. Solo con sacar las pesetas a relucir, o mejor, los dólares, marcos o libras, cualquier alcalde de pedanías pequeñas, párrocos o administrativos de museos o bibliotecas hacían la vista gorda y permitían llevarse la pieza o piezas arqueológicas y antiguas.
Así, extranjeros como Erik el Belga o españoles con contactos nacionales o internacionales, vaciaron parte de nuestro patrimonio nacional, “exportándose” piezas eclesiásticas valiosísimas, cuadros de los mejores pintores de épocas pasadas, incunables de nuestra literatura, piezas romanas desenterradas y conjuntos arquitectónicos completos sacados a “pedazos”.
Las cosas con el tiempo se complicaron, la Guardia Civil y la Policía endurecieron los controles y se crearon departamentos específicos en los Cuerpos de Seguridad del Estado para controlar el Patrimonio Cultural Español terrestre y subacuático, así como las penas por este tipo de delito se grabaron con años de prisión.
Asimismo, el Estado adquiría todos los bienes españoles en manos privadas que aparecían en subastas y eran susceptibles de desaparecer en el extranjero.
Todo muy bonito y aparentemente muy operativo.
Pero cuando llegan las vacas flacas, los primeros tijeretazos recortan el mundo de la cultura y los departamentos afines a ellos. Y ya no se acude tan diligentemente a los decomisos, tampoco aparece el Estado en las subastas ni en tratos con coleccionistas privados a fin de adquirir las piezas aparecidas por arte de birlí birloque, y así ocurre lo que ocurre: que las piezas sustraídas tiempos atrás y que brotan de cuando en cuando, permanecen en un limbo, en tierra de nadie, y al final, se esfuman.
Como es el caso de este particular, que tiene en su poder varios capiteles, uno de ocho siglos de antigüedad y originario de Medina Azahara, y que mantuvo su familia durante décadas y que ahora el descendiente desea vender a fin de hacer caja y montar un bar.
El Ministerio de Cultura le responde que carece de dinero para adquirirlo y que le autoriza a venderlo a nivel nacional, internacional o interplanetario.
Si este ciudadano de manera legal ha puesto en conocimiento de la Administración su deseo de deshacerse de varias piezas antiguas y valiosas y el Estado pasa de él, ¿qué podemos esperar del patrimonio que se mueve de manera ilegal y se saca del país subrepticiamente?
Después no quejamos que en el extranjero se encuentren más piezas históricas españolas que en nuestro propio territorio.
