No entramos a valorar si la ciudadana española Ángela Martínez, detenida y condenada en Venezuela a 9 años por tráfico de drogas sea culpable o no, tan solo, que una condena de nueve años a pagar en dicho país suramericano no tiene parangón con una de similares características aquí en España.
Por lo que sería de justicia que, después de tres años de encierro en unas condiciones que entendemos insalubres y extremadamente peligrosas, el Gobierno Español intercediera por esta ciudadana de nuestro país solicitando su entrega a España para terminar de cumplir su pena aquí, condena que en nuestro país y con la modificación del Código Penal del 2010 quedaría en 6 años sin tener en cuenta los posibles eximentes a aplicar.
Si tanto interés hubo en repatriar a Ángel Carromero, acción que España consumó en varios meses, que se tomen el mismo en hacerlo con esta española presa y enferma, ciudadana que debería contar con los mismos derechos que el dirigente de Nuevas Generaciones del PP.
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