Submitted by jorge on Tue, 14/07/2015 - 22:48
Si la Justicia funciona así, algo no funciona en la Justicia.
Nunca hemos apoyado a los grupos terroristas ni a sus integrantes, pero si estos han sido asesinados, sus familias deberían cobrar una indemnización, máxime, si dichos asesinatos se llevaron a cabo por Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado actuando de incógnito o en la ilegalidad.
Pues ahora resulta que el Ministerio del Interior, amparándose en una directiva de la Comunidad Europea referente a las Víctimas de Delitos Violentos, que hace mención a "reducir e incluso suprimir la indemnización si la víctima o el solicitante participa en la delincuencia organizada o pertenece a una organización que se dedica a perpetrar delitos violentos", se niega a pagar.
En base a esto, los familiares de estas victimas recurrieron ante la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional que, después de revisar caso por caso, falló en la mayoría de las situaciones a favor del Ministerio del Interior, amparándose no solo en el decreto de la Comunidad Europea, sino también en una circular que establece que solo es necesaria la afirmación o los informes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado afirmando que las víctimas pertenecían a una banda armada sin necesidad que haya una sentencia penal por medio, para catalogarlos de asesinos terroristas y negarles el pago de dicha indemnización.
Es decir, que los familiares de Lasa y Zabala y otros tantos, por el mero hecho de ser sospechosos de pertenecer en su día a ETA, y después de ser secuestrados, torturados y asesinados, no van a ver un duro.
Nos parece, por los menos, una injusticia manifiesta conociendo el origen de las órdenes dadas a sus ejecutores y la identidad de estos.
Estamos en contra del terrorismo, pero tampoco aceptamos esta chapuza y prevaricación judicial.
