Más de 163.000 personas atendidas en 2011 y operativo desde hace 25 años, la Comunidad de Madrid dice que nones, que no abonara más los pagos de los Servicios de Asesoría Jurídica Gratuita, esos que van dirigidos a los ciudadanos con menos recursos, los que no se pueden costear un abogado y necesitan informarse sobre sus derechos, sobre algún pleito pendiente, en fin, los que verdaderamente urgen de una defensa en condiciones.

Y agradezcamos al cielo que no retiran los servicios del Abogado de Oficio para los detenidos en prisión que así lo requieran. Estos servicios, dependientes del SOJP (Servicios de Orientación Jurídica Penitenciaria) seguirán funcionando como hasta ahora, atendiendo a parte de los casi 70.000 reclusos existentes en España, y de los cuales, la mayoría, carecen de los medios para contratar un letrado de pago.

Con este recorte, la Comunidad de Madrid se sitúa en una situación de franco retroceso en cuanto a derechos ciudadanos se refiere.

¿A quién acudirán los parados, los mileuristas y los cuatrocientoeuristas? 

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/10/17/madrid/1350469922_628048.html