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EL DERECHO A LA INTIMIDAD DE UN ASESINO, ¿SI/NO?

Yolanda

Emilió Hellín Moro asesinó. Lo condenaron. Cumplió su pena por el viejo Código Penal. Redimía con días de cumplimiento y trabajo en prisión. Le autorizaron su primer permiso –cumplía los requisitos- y huyó. Posteriormente terminó de cumplir su condena a los 14 años, de una de 43, de la que el máximo permitido por Ley eran 30 años.

Hasta aquí, la legalidad se cumplió, aunque favorecido por ciertas decisiones de algunos jueces anchos de manga.

Ahora vamos al quid de la cuestión.

El personaje ha cambiado su nombre a fin de moverse con soltura en la sociedad actual. Pero además, tal y como dice la noticia, ” trabaja y colabora con el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil, participa en las investigaciones judicializadas sobre terrorismo y delincuencia, imparte cursos de formación a agentes de este cuerpo, de la Policía Nacional, el Ministerio de Defensa, Ertzaintza y Mossos d’Esquadra, da conferencias a miembros de las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado en organismos oficiales y cobra por sus servicios del Ministerio del Interior”.

Y esto nos sorprende, nos preocupa, dado su historial criminal y penitenciario, y el hecho de haber pertenecido a una organización criminal de ultraderecha y antecesora de los Gal, el Batallón Vasco Español.

Pero por otra parte, ¿con qué legitimidad un medio de comunicación puede destapar la verdadera identidad de un ex convicto que cumplió su condena y no ha vuelto, supuestamente, a delinquir?

¿Quién se puede erigir en Juez de un individuo ya juzgado y condenado que, hoy por hoy, es un ciudadano reinsertado en la sociedad y tiene derecho a llevar una vida íntima y no ser señalado por el resto de sus conciudadanos?

Los medios de comunicación deberían ser conscientes del poder de influencia que tienen en la opinión pública, y por ende, en el poder de destrucción de una identidad, y el Ministerio del Interior, en la elección de los personajes que colaboran con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

http://politica.elpais.com/politica/2013/02/22/actualidad/1361550092_846511.html

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