Submitted by jorge on Thu, 04/08/2016 - 06:48
El abogado de una familia, cuyo cabeza de familia, valga la redundancia, fue asesinado por un preso fugado durante un permiso penitenciario y que, además de a este hombre, asesinó a otro para robarle el coche, reclama al Consejo del Poder Judicial una indemnización de 200.000 euros a fin de resarcir, de alguna manera, el dolor y la ausencia provocada por la muerte del familiar.
Achacan la culpa de la fuga de este asesino, Rafael Robles, de la cárcel de Badajoz, a la Junta de Tratamiento y al Juez de Vigilancia Penitenciaria de dicha prisión.
Y tienen razón, dado que este recluso se encontraba recluido en ese centro por una veintena de delitos, entre otros, “homicidio, intento de homicidio, robos muy agresivos, tráfico de drogas, agresión sexual, tenencia ilícita de armas..."
Además, tal y como señalaba el informe psiquiátrico de prisión, “no sentía aprecio ni por su propia vida. Había mostrado ideas suicidas; tenía diagnosticado un trastorno de personalidad asociado al consumo de todo tipo de drogas. Y cuando algo se le resistía o contrariaba, tiraba de gatillo”.
Por ello, cuando la Guardia Civil lo cercó 48 horas después de que él disparase en la nuca al padre de familia, se enfrentó a tiros con él y lo abatió.
Pero si bien la familia cuenta con un soporte legal y ético más que probado para dicha reclamación, dado el historial delictivo y penitenciario de este individuo, desde aquí apoyamos la labor, no tanto de las Juntas de Tratamiento de las Prisiones que habitualmente se escaquean a la hora de mojarse en favor de dar un informe positivo de permiso o de grado de un interno, pero SÍ de los Jueces de Vigilancia Penitenciaria que se encuentran solos ante la difícil decisión de dar o denegar un permiso penitenciario o una progresión de grado, ya que si resulta positiva su decisión, nadie los felicita por su acierto, por contra, si han errado en su apreciación, situación que ocurre en pocas ocasiones, todos los medios de comunicación y, por ende, la sociedad, se les echa encima.
Y la realidad es que el quebranto de los permisos penitenciarios en España es mínimo, apenas apreciable entre las grandes cifras.
Pero siempre tiene que haber un chivo expiatorio: el J.V.P.
