Submitted by jorge on Wed, 05/04/2017 - 06:51
En una manifestación realizada en el 2012 alrededor del Congreso de los Diputados, una joven fue agredida por un Policía Antidisturbios, lo que motivó que tuviera que ir a Urgencias a que le curaran la herida en la cabeza que éste le produjo con una porra.
Con el parte de lesiones en la mano, la agredida denunció el hecho y quedó a la espera de la decisión judicial.
Hasta aquí narramos los hechos tal y como nos han sido transmitidos, sin valorar si el Policía se excedió en su cometido, si la joven participó en la manifestación y agredió o insultó previamente a los agentes o tan solo paseaba por casualidad por la zona, es decir, sin dejarnos influir por el punto de vista humano y de responsabilidades.
Pero entrando en materia judicial, lo que nos llama la atención de este caso, es que una vez interpuesta la denuncia por la joven, han tenido que transcurrir 5 años luchando en los Tribunales contra la Administración, para que tras ese tiempo, la Justicia le de parcialmente la razón y la indemnice con 750€ por lo 15 días que tardaron en sanar las herida.
Fue primero el Juzgado de Instrucción 10 de Madrid quien acordó el sobreseimiento de la causa al no identificarse al Policía que le agredió.
Esta resolución fue ratificada posteriormente por la Audiencia Provincial de Madrid al no acreditarse la autoría de los hechos.
Y 5 años después, el Juzgado Central Contencioso Administrativo 7 de Madrid ha anulado la sentencia anterior y ha estimado parcialmente el recurso de la joven condenando al Ministerio de Interior a pagar una indemnización de 50 euros por cada uno de los 15 días de baja, aunque denegando el pago de "los honorarios de los abogados porque considera que no se aprecia una complejidad técnica que hiciera aconsejable la intervención de los profesionales".
Como dijimos, al margen de valorar la situación motivo de este caso, nos centramos en el procedimiento que desde nuestro punto de vista no ha sido otra cosa que un número circense, y nos parece vergonzoso y un despropósito las sentencias emitida por los correspondientes Juzgados.
