Submitted by jorge on Fri, 06/03/2020 - 06:26

Sí, Trabajadora Social, denominación que denota trabajo en favor de los demás, pero a la hora de actuar como tal dejaba mucho que desear, quizás no en relación a la atención que prestaba a las personas a su cargo, pero sí aprovechándose de circunstancias relacionadas con ellas.
En 1980, esta Trabajadora Social dispensaba sus servicios en el Hospital Psiquiátrico Alonso Vega de Madrid, donde cuidaba entre otros a una paciente que falleció en marzo de ese año sin vinculación familiar alguna, pero disfrutando de una pensión de incapacidad absoluta desde 1977, siendo la cantidad inicial percibida de 104'16 euros mensuales y que ascendió hasta 2013 a 689'15€.
Nuestra Trabajadora Social, ni corta ni perezosa, se hizo con el DNI de la fallecida y continuó cobrando dicha pensión durante más de 30 años, lo que le llevó a percibir durante ese periodo de tiempo la friolera de 205.590'02 euros.
Si bien la defunción aparecía anotada en el Registro Civil de Madrid, nadie se apercibió de este detalle, ni la Administración, ni la Seguridad Social, ni Bankia, entidad pagadora.
Una vez descubierto el pastel, la Audiencia de Madrid condena a esta mujer a 2 años de cárcel (no entrará en prisión por carecer de Antecedentes Penales), a indemnizar a la Seguridad Social con 147.963,04€ (la diferencia de la cantidad total estafada menos 20.000€ que ingresó la imputada cuando la Justicia se lo reclamó, además de otros 37.626,22€ que abono Bankia realizando un proceso de retrocesión) y a pagar una multa de 900 euros (300 cuotas de 3 euros), con responsabilidad personal subsidiaria.
La SS también solicitó que Bankia fuera responsable civil subsidiaria, solicitud que la Audiencia de Madrid no estimó aduciendo que era la propia Seguridad Social la que tenía una falta de control sobre la pervivencia de la difunta, así como el Registro Civil, que emitió los correspondientes certificados de fe de vida de una difunta.
Es decir, que la incompetencia de la Administración en dos de sus ramas y la perspicacia y caradura de la Trabajadora Social permitieron desviar durante 30 años un dinero sin que nadie se apercibiese de ello.
Y a ella le ha salido "barato", ya que no entrará en prisión y devolverá parte del dinero sustraído en cómodos plazos.