Submitted by jorge on Mon, 20/07/2020 - 06:45
Se presupone que en los países democráticos la Justicia brilla por su independentismo y que ninguno de los otros poderes del Estado interfieren en sus decisiones.
Pero si el que preside un país, supuestamente democrático, es un presidente como Donald Trump, todas las teorías antes mencionadas quedan hechas añicos, porque cuando se gobierna a base de decretos y por sus coj…s, sin importar que piense el resto de partidos y los ciudadanos en general, cualquier Ley pierde su poder y queda al libre albedrío del dirigente en el poder que, para más inri, cuenta con las atribuciones legales para otorgar las medidas de clemencia y amparo que crea oportunas.
Y esto es lo que ha ocurrido en el caso de Roger Stone, un amigo y ex asesor de Trump que fue condenado a una pena de prisión de 3 años y 4 meses por mentir en el Congreso en la investigación de la trama rusa que, supuestamente, aupó a Donald Trump a la presidencia en la anterior campaña electoral en la que se enfrento a la demócrata Hillary Clinton.
Stone había sido declarado culpable de 7 cargos, por lo que fue condenado en noviembre y debería haber entrado la semana pasada en prisión. Sin embargo, el viernes anterior la Casa Blanca anunció la medida tomada por Trump de suspender su ingreso en prisión aunque sin poner en duda su culpabilidad, mientras en un artículo periodístico del Washington Post, el Fiscal Especial de la trama rusa afirmaba que Stone seguía siendo “un criminal convicto”, a pesar de la medida tomada por el Presidente que, entre otras aseguraba, que “Roger Stone es una víctima del bulo de Rusia, de la izquierda y de sus aliados en los medios de comunicación perpetuado durante años en un intento de socavar la Presidencia Trump. Nunca hubo colusión entre la campaña de Trump o la Administración de Trump con Rusia”.
Esta decisión ha encendido la cólera demócrata y de algunos republicanos, entre otras, de la senadora Elizabeth Warren, ex precandidata presidencial, que calificó a Trump como “el presidente más corrupto de la historia de EE UU y de haber convertido la democracia en una burla”.
Pero esta no es la única decisión de clemencia presidencial polémica, ya que con anterioridad se habían tomado otras iguales o peores a esta, como la de retirar los cargos a Michael Flynt, primer Consejero de Seguridad de Trump, la destitución de Geoffrey Berman, Fiscal de Nueva York que investigaba al abogado personal del Presidente, Rudy Giulani, así como el del Fiscal Jeff Sessions, por investigar la trama rusa, además de otros muchos casos de similar índole.
Cuando el Presidente de un Gobierno gracias a sus facultades puede hacer y deshacer a su antojo decisiones judiciales y de otra índole, esa nación pierde su libertad y puede llegar a convertirse en una “dictadura democrática” y que en este caso, el resto de países acepta por el aún supuesto poder omnipotente de Estados Unidos en el mundo.
