Submitted by jorge on Tue, 24/11/2020 - 06:26
En los últimos años, el desplazamiento de presos etarras al norte de la Península, o mejor dicho, al País Vasco y Comunidades limítrofes a esta Comunidad, se ha realizado por goteo, de manera lenta aunque fluida.
Sin embargo, en los últimos 6 meses, el ritmo de traslados se ha incrementado de manera llamativa, desplazando a parte de los casi 200 presos etarras que aún cumplen condena en nuestras prisiones a cárceles cercanas a dicho País Vasco, 94 en total, con ciertas variaciones en el número, dependiendo si los han trasladado más de una vez o aún no han salido, y casi el cubriendo cupo completo de los 103 aprobados para su traslado en 2½ años de Gobierno.
Estas son las cifras a mediados de noviembre de 2020 de los traslados autorizados a prisiones del norte:
• Castilla y León 32
• País Vasco 21 (7 por 3º grado, 2 enfermos)
• Aragón 17
• La Rioja 16 (ahora 18)
• Galicia 8
• Asturias 6
• Cantabria 4
• Navarra 2
Autorización de salidas de presos etarras de las prisiones más distantes del norte:
• Andalucía 30
• Valencia 24
• Murcia 7
• Castilla la Mancha 7
• Extremadura 3
La situación tratamental de estos presos etarras es la siguiente:
• Clasificados en 1º grado +130 presos etarras
• Progresión a 3º grado 15 presos con delitos de sangre
• Libertad Condicional 6
• Condena cumplida 7
La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) denuncia que los traslados, en contra de lo que asegura el Ministerio del Interior, no se realizan a propuesta de decisiones individuales avaladas por las Juntas de Tratamiento de cada prisión, sino a una decisión política entre Gobiernos a fin de lograr el apoyo de EH Bildu, y que implica el "fin de la política de dispersión que no exige que los etarras colaboren con la justicia para esclarecer los más de 300 asesinatos sin autor conocido".
Y lo que más critica la AVT, es que se incluyan en los traslados a 25 etarras con delitos de sangre, por lo que intuyen, que estos movimientos de presos “sean la antesala de una puesta en libertad masiva”, máxime, con el paso previsto de las competencias penitenciarias al Gobierno Vasco.
Esta política reciente está creando más que nunca una gran brecha social entre los que apoyan la decisión del Gobierno y los que piensan que es una verdadera injustica y sinrazón este procedimiento después del dolor causado por los atentados.
¿Y qué piensas tú al respecto, lector?
