Submitted by jorge on Wed, 21/04/2021 - 06:45
Habitualmente, las falsificaciones y engaños se realizan entre particulares, de empresas a particulares o de particulares a empresas, pero no es tan común encontrarse con casos donde las empresas engañen al Estado salvo que estén en connivencia con algún Funcionario Público o Político de turno para lo cual llegan a un acuerdo entre ellos y listo.
En este caso, no existía nadie de dentro de la Administración involucrado en el asunto, tan solo la empresa Persuade Comunicación S.L. que trató de colársela, tal y como se desprende de esta noticia, al Ministerio de la Presidencia en un contrato que esta entidad adjudicó a dicha empresa para la Difusión de la campaña de información de la Ley de Transparencia y el portal de Transparencia en los Medios de Comunicación durante la semana de 23 al 30 de marzo de 2015, por un valor de 175.604 euros.
De acuerdo a esta campaña, la empresa facturó según la primera memoria presentada, 97.277.850 impresiones, aportando para ello capturas de pantalla que según ellos justificaban dichas impresiones, aunque las cláusulas del contrato exigiera para su comprobación certificados originales de las empresas de Medios de Comunicación.
Posteriormente y para compensar la falta de cobros de los anuncios que realizaron en Radio, presentaron unos documentos escaneados, supuestamente por los Medios de Comunicación, que indicaban que las impresiones habían sido en realidad 115.458.310, sin embargo, la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes les exigió que fueran certificados originales de los Medios de Comunicación, por lo que en una tercera entrega, la empresa reconoció que en realidad las impresiones solo ascendían a 28.828.250, y estas sí, con certificados originales.
Como el contrato exigía la compra de espacios en los Medios de Comunicación -Televisión, Radio, Prensa e Internet- y Publicidad externa y dicha campaña no se ajustaba a la realidad, ya que la empresa “a sabiendas de su falsedad” presentó documentación falsa, su Presidente A. V. F. y su consejero delegado, G. J. P., se enfrentan a 5 años de prisión solicitados por la Fiscalía Provincial de Madrid, que les imputa "un delito Continuado de Falsedad en Documento Oficial y Mercantil en concurso medial con un delito Continuado de Estafa y al pago del valor del contrato".
Parece ser que las Administraciones Públicas de cuando en cuando reaccionan y dejan de ser el habitual coladero de dinero desviado por empresas contratadas a dedo por los directores de dichos organismos también colocados a dedo y donde la mayoría de las licitaciones públicas son adjudicadas a las empresas de los amiguetes de turno.
Y a ver si se hace efectiva la condena, o ya comienzan a salir en 3º grado desde el 1º año de cumplida la pena como es habitual con este tipo de personajillos.