Submitted by jorge on Mon, 22/11/2021 - 06:45
¿Funciona el sistema de acogida de jóvenes migrantes o se trata de un mero paripé donde diferentes organismos se pasan la pelota unos a otros?
Esta historia, como muchas otras similares, ocurrió en Andalucía, donde un menor migrante que llegó solo a España hace 3 años, fue tutelado por la Junta de Andalucía hasta que cumplió los 18 años, momento en que pasa a ser mayor de edad y la Junta y otros organismos se desentienden de esos recién ingresados en la edad adulta y los sueltan como ganado a la dura calle, a buscarse la vida y a dormir en el asfalto.
Además de todo, este chico cometió un Delito Leve durante su etapa de menor residente en la casa de protección, por lo que después de ser juzgado ya como adulto, la Juez no le ha podido aplicar una Medida Reeducadora de Libertad Vigilada a fin de que se vaya integrando en la sociedad, ya que no cuenta con una dirección real ni la documentación pertinente.
Hubiera sido una cifra más y un caso anónimo más entre los cientos de menores y jóvenes que llegan anualmente a nuestro país buscando una vida mejor y que son catalogados como Menas -una definición un tanto despectiva utilizada en los medios-, sí esta Juez del Juzgado de Menores nº 2 de Málaga no se hubiera interesado por este chico -del que se desconoce su nombre ni nacionalidad-, para evitar que se perdiera socialmente hablando, por lo que dirigió en octubre de 2020 una Queja al Defensor del Pueblo Andaluz exponiendo este caso y lamentándose por no poder ejecutarle Medidas de Responsabilidad en el medio abierto por carecer de documentación y vivir en la calle sin medios de subsistencia.
En esta Queja solicitaba que se regularizara la situación de este joven aunque fuera de manera temporal y que se atendiera "su especial situación de vulnerabilidad, proporcionándole un recurso residencial donde pudiera alojarse y recibir el trato humanitario que hiciera viable el cumplimiento de la medida de responsabilidad penal que le había impuesto”, por lo que el Defensor del Pueblo Andaluz solicitó un informe a la Delegación Territorial de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Málaga, a la cual ésta respondió, que no contaban con las plazas para atender este caso: "en la fecha actual no disponemos de plazas disponibles en programas de alta intensidad (pisos de acogida) habida cuenta de la alta demanda existente para estos recursos residenciales. Al mismo tiempo, existe una lista de espera priorizada atendiendo a los criterios indicados anteriormente por lo que podemos afirmar que conceder a este menor una plaza en una de las vacantes que se producirán en los próximos meses resultaría en perjuicio del resto de jóvenes que optan a la misma y que se adecuan mejor al perfil atendiendo a los objetivos de inserción ya expuestos".
Por ello, el Defensor del Pueblo Andaluz y del Menor y ante semejante respuesta, redactó en julio de este año una resolución donde solicitaba las prestaciones sociales para que este joven pudiera cumplir con garantías las Medidas de Responsabilidad en el medio abierto impuestas por el Juzgado de Menores de Málaga.
Después de este tirón de orejas que se le dio a la Junta de Andalucía, nada se ha podido hacer a pesar de que esta última ya puso a disposición del joven una plaza libre para llevar a cabo el dictamen de la Juez, dado que el joven está en paradero desconocido –ni siquiera su abogado de oficio del Juicio conoce su paradero-, y ninguna administración ni agentes pueden hallar su rastro, a pesar de lo cual, la plaza queda libre hasta que se dé con su paradero.
Esto ocurre por la burocracia existente en la Administración y este es un caso entre miles con semejantes características y cuyo resultado final es que muchos de esto migrantes no encuentran otra salida a su situación que buscándose la vida en el mundo de la delincuencia.
